Jan Douwe van der Ploeg

Traducción del artículo publicado originalmente en peasantjournal.org

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Foto: ANP

La actual ola de protestas de los agricultores neerlandeses (véase DutchNews.nl: «Hasta 40 000 agricultores se manifiestan contra el cierre de explotaciones», junio de 2022) puede resultar desconcertante para los que ignoran las complejidades de la agricultura de los Países Bajos. Y es que se suele presentar la agricultura neerlandesa como una de las más modernizadas del mundo y, al menos en el discurso hegemónico, como un ejemplo para muchos otros países. Asimismo, los agricultores neerlandeses, especialmente los más grandes, que ahora están en la calle, se encuentran probablemente entre los más mimados del planeta: reciben subvenciones asombrosas de la Política Agrícola Común de la Unión Europea.

La ola de protestas no surge de la nada. Tiene su origen en varios episodios que tuvieron lugar hace unos años. Tampoco se limita a los Países Bajos: es un fenómeno mundial, ya que se refiere a las complejas interacciones entre la crisis climática, la agricultura, las políticas agrícolas y las luchas del campesinado.

Los agricultores neerlandeses que protestan actualmente se ven a sí mismos como «guerrilleros». Están bloqueando las autopistas del país con sus grandes tractores y amenazan con aumentar los disturbios hasta niveles insospechados (lo que podría incluir el bloqueo total del suministro de alimentos de las ciudades). Además, las organizaciones y partidos populistas de derechas y sectores influyentes de la agroindustria neerlandesa se apropian y suman a esta ola de protesta.

Para entender esta compleja situación, hay que tener en cuenta dos grandes contradicciones en los Países Bajos.

Entre 1960 y 1990, la agricultura tradicional que aún imperaba en los Países Bajos fue arrinconada por un modelo de agricultura empresarial. Se crearon explotaciones agrícolas estrechamente vinculadas a la agroindustria y al sector bancario y muy dependientes de ellos. Este cambio, fuertemente respaldado por las intervenciones del Estado, ofrecía la promesa de un crecimiento continuo y de una expansión casi ilimitada. Sin embargo, los límites de este modelo se empezaron a manifestar a partir de los años 90. La agricultura empresarial chocaba cada vez más con los límites de la naturaleza y la sociedad. La crisis del nitrógeno, que subyace tras las protestas actuales, no es más que una expresión de esta contradicción.

También ha salido a la luz una segunda contradicción. El tipo ideal de empresa agrícola promovido durante la época de la modernización (a gran escala, especializada, altamente intensiva, con un alto uso de insumos externos y combustibles fósiles; en resumen: explotaciones industrializadas) se promovió como la mejor (si no la única) forma de competir en el mercado mundial. Pero en la práctica, estas empresas resultaron muy vulnerables: la volatilidad de los precios se solía traducir en flujos de caja negativos y los altos niveles de endeudamiento que caracterizan este tipo de agricultura fueron su talón de Aquiles. Estas explotaciones de alto rendimiento pronto se encontraron con bajos ingresos o incluso negativos. Pero no es fácil cambiar de rumbo después de décadas de decisiones en esta dirección.

La convergencia de estas dos contradicciones ha demostrado ser un terreno fértil para la frustración y la amargura. En lugar de reconocer que la agricultura industrializada va en contra de la naturaleza y la sociedad, este movimiento reivindica su «derecho» a continuar con el modelo construido durante los últimos cincuenta años, basado en ingentes subvenciones públicas y el apoyo técnico de la administración.

Se trata de un movimiento antidemocrático, que niega rotundamente el derecho del parlamento a establecer umbrales para frenar la expansión de las empresas agrícolas industrializadas en un intento de limitar las presiones que ejercen sobre el clima, la salud pública, el paisaje, la biodiversidad y la calidad de la vida rural. Sus partidarios optan por la violencia y se mueven en una burbuja dentro de la cual deslegitiman cualquier enfoque que no se ajuste a sus propios intereses y puntos de vista partidistas. Para explicar los problemas actuales, señalan al «otro». Los culpables son los «otros»; los políticos, los periodistas, los consumidores, etc. Ellos, los agricultores que trabajan siguiendo este modelo hegemónico, son inocentes; es más, son las víctimas. Este movimiento radical se las suele ingeniar para darle la vuelta a la tortilla, algo que queda patente, por ejemplo, en el lenguaje que utiliza. Se presentan como «víctimas» de unas políticas injustas. Se encuentran «indefensos» en una lucha heroica contra el Estado; incluso llegan a presentarse como «judíos» perseguidos por un régimen autoritario, una comparación que para muchos resulta odiosa y repugnante. Su visión del mundo también ha dado un giro inesperado. Durante décadas, han promovido la exclusión de los pequeños agricultores, asumiendo que era una condición previa para el «desarrollo estructural», un desarrollo que favorecía a los empresarios al permitirles una mayor expansión.

Sin embargo, ahora que sus propias explotaciones corren el riesgo de ser expropiadas, presentan esa exclusión como un grave delito. Ahora bien, hay algo que no cambia. Se trata de una triple reivindicación, o lo que consideran como una especie de triple derecho natural: de (1) continuar con su forma de cultivar, aunque su razón de ser sea muy discutida; (2) seguir desarrollando sus negocios; y (3) si las dos primeras resultan imposibles, recibir la máxima indemnización. Este «programa» se refleja claramente en los resultados de las negociaciones hasta el momento.

La prolongada, multifacética y compleja interacción entre la evolución de las políticas estatales y este movimiento conservador ha hecho mella en ambas partes. La reciente vacilación del Estado a la hora de establecer límites claros ha dado alas a estos empresarios agrícolas retrógrados, que se sienten cada vez más imbatibles. Del mismo modo, el carácter genérico de las políticas agrícolas (frente a los enfoques diferenciados y descentralizados) ha ido produciendo fricciones, lo cual también incide de forma negativa en las explotaciones agrícolas tradicionales del país que, paradójicamente, tienen que pagar parte de la «factura» que han dejado los empresarios. Así, el Estado ve cómo se engrosan las filas de opositores, que utilizan juiciosamente la imagen de campesinas llorando en sus granjas (¡otra tergiversación!).

Aun así, la agricultura tradicional sigue teniendo mucha presencia en los Países Bajos. Este tipo de agricultura se diferencia claramente de la agricultura empresarial. Aporta las semillas de una gran alternativa, en armonía con la naturaleza y las expectativas de la sociedad. También ha desarrollado nuevas formas de multifuncionalidad que permiten a los agricultores escapar del dilema de «crecer o morir», adaptando sus servicios a la demanda. Las explotaciones agroecológicas (que forman parte de este sector) consiguen altos niveles de sostenibilidad al tiempo que generan ingresos superiores a los de la agricultura industrializada.

Sin embargo, la tragedia es que este sector alternativo no tiene prácticamente ninguna representación política ni voz. Para que este sector no se convierta en la verdadera víctima de las luchas inoportunas e innecesarias que se dan actualmente, es urgente su movilización.

Ya ha habido movimientos derechistas en el mundo rural en la historia, especialmente en los años 30, y parece que hoy vuelven a estar en auge en muchas partes del mundo. También urge entender las dinámicas y mecanismos que hacen que el descontento rural se canalice en una u otra dirección; es decir, conseguir una posición privilegiada dentro de las sociedades capitalistas o contribuir a su cambio.

También debemos repensar y redefinir la «cuestión agraria». Porque el tipo de agricultura que se configura por y para el capital destruye la naturaleza, contribuye significativamente al cambio climático y va en contra de las expectativas de la sociedad. Por ello, los políticos deberían oponerse a ella y apostar por la agricultura campesina como una promesa de futuro. Estos conflictos son un punto de inflexión interesante, y probablemente decisivo, que afectará a nuestros paisajes y a nuestra forma de comer en las próximas generaciones. En este sentido, los acontecimientos que tienen lugar en los Países Bajos resonarán sin duda en todo el mundo.

Jan Douwe van der Ploeg

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